¿Cómo democratizar la Justicia sin democratizar la Democracia?

El proyecto de reforma de la Justicia que impulsa el Gobierno Nacional, representa la vulneración de un principio elemental de la República: la independencia de los poderes del Estado. El intento de caracterizar como “democratización” a esta iniciativa resulta cuanto menos sospechoso. No se comprende de qué manera la concentración de poder en el Ejecutivo Nacional podría ser un medio para proteger los derechos de las minorías, promover la participación ciudadana o garantizar un mayor pluralismo de ideas.

Nadie podría dudar de las muchas falencias de nuestro sistema de justicia actual. Sin embargo, pretender mejorarlo violando la independencia de poderes es un contrasentido evidente. El único propósito de esta pretendida “reforma” parece ser la cooptación del Poder Judicial, al tiempo que evita abordar los problemas estructurales del sistema.

El carácter de un gobierno, no sólo se observa en los resultados que obtiene, también se manifiesta en las herramientas que utiliza para alcanzarlos. Si lo que pretende el gobierno nacional es profundizar la democracia, debería promover un debate amplio en toda la sociedad sobre los contenidos y el sentido de esta reforma; una discusión real con expresión de diversas ideas. En definitiva de eso se trata la democracia, de resultados abiertos, en el marco de procesos de construcción colectiva.

El compromiso de un gobierno democrático y progresista es construir instituciones sólidas, respetadas, que garanticen el equilibrio entre los poderes del Estado y los derechos de los ciudadanos. Cuando se debilitan las instituciones de la república, también se debilitan los mecanismos que nos aseguran a todos la garantía de ser sujetos de derecho. La defensa de las instituciones no supone negar la necesidad de revisarlas y cuestionarlas permanentemente para mejorar su funcionamiento, pero para ello es imprescindible contar con amplios consensos y mecanismos de debate que aseguren la pluralidad de ideas  y de posturas.

Democratizar es ampliar las bases de la democracia y las formas y posibilidades de la participación ciudadana, promover la transparencia y la solidaridad, y mejorar los mecanismos de control ciudadano. Estos objetivos se logran cuando se proponen políticas que van más allá de la gestión de un gobierno y de la coyuntura política; cuando se planifica con visión estratégica, de manera participativa y concertada, para construir un proyecto colectivo para el futuro de la sociedad.

El proyecto kirchnerista reniega del debate, de la participación y del respeto a las instituciones. A treinta años de la recuperación de la democracia, el gobierno nacional se propone vulnerar la independencia de poderes.  El objetivo no es una verdadera reforma y democratización del Poder Judicial, sino generar mecanismos de domesticación de la justicia para que sea funcional al gobierno.

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