Una década perdida en el transporte

Una gestión caracterizada por la corrupción y la incompetencia

TransporteEl viernes 12 de julio, el juez federal Claudio Bonadio procesó al ex Secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime, con prisión preventiva, y pidió su captura por supuestos hechos de corrupción en la realización de una obra para el ferrocarril Belgrano Cargas. El fiscal federal Carlos Rívolo reconoció que también podría pedir la detención del ex secretario en otra investigación por enriquecimiento ilícito.

La gestión de Ricardo Jaime entre 2003 y 2009 dejó un pésimo resultado tanto por los millonarios recursos que se malgastaron, como por las promesas incumplidas y el marcado deterioro que experimentaron las infraestructuras y los servicios que estaban bajo su órbita.

Los subsidios tarifarios a las empresas de colectivos, subtes y trenes, surgidos en 2002 para morigerar los efectos de la crisis económica, crecieron exponencialmente con la llegada de Jaime. De un promedio mensual de $ 40 millones que se desembolsó durante 2003, se saltó a casi $ 600 millones mensuales en el último tramo de su gestión en 2009. Esa estructura de pagos–que ha despertado numerosas sospechas de corrupción– se mantiene y sigue creciendo.

En 2012, treparon a un promedio de $ 1.800 millones mensuales y en lo que va de 2013, los subsidios sólo para colectivos y trenes ya promedian los $ 2.100 millones mensuales.

Promovió grandes proyectos que en la gran mayoría de los casos quedaron en la nada. Salvo la obra del pedraplén de la laguna La Picasa, todos los grandes proyectos ferroviarios que anunció quedaron en la nebulosa. El más emblemático fue el promocionado “tren bala” que iba a unir Retiro con Rosario y Córdoba. También quedaron en el camino el tren de alta velocidad a Mar del Plata y el servicio rápido a Mendoza. El soterramiento de la línea Sarmiento adjudicado en 2007 sigue sin ponerse en marcha. Y las prometidas electrificaciones de las líneas Roca, Belgrano Sur y San Martín también fueron archivadas. Tampoco se realizaron las obras mínimas de mantenimiento y seguridad en vía y señalamiento que hubieran permitido evitar las tragedias de Once y Castelar.

En vez de desarrollar la industria nacional para la fabricación de material rodante para los ferrocarriles se compraron trenes usados en el exterior. En 2005, adquirió en forma directa 263 locomotoras y coches usados a España y Portugal por los cuales pagó casi US$ 400 millones. Los equipos iban a ser reparados en talleres locales, pero nunca se adjudicaron los arreglos. Sólo se pudo utilizar el 47% de los vehículos. El 53 % restante de las formaciones sigue abandonada al aire libre, cada vez más vandalizadas y oxidadas.

Con China, se firmaron seis compras directas de trenes y subtes. Transcurridos más de 7 años, sólo se cumplieron parcialmente los acuerdos de provisión de coches para el subte A, la línea San Martín y los trenes de larga distancia.

En el sector aerocomercial, la gestión nacional no tuvo mejores resultados. Para salvar a la privada Southern Winds (SW), impuso una asociación con la estatal LAFSA que se hizo cargo de los sueldos y el combustible. La iniciativa fracasó a los pocos meses y el Gobierno tuvo que abrirle las puertas a LAN para que absorba al personal que quedaba en la calle. En 2007 entró en cortocircuito con los dueños privados de Aerolíneas Argentinas y un año después encabezó la expropiación de la empresa al grupo Marsans. En el primer año de la conducción estatal de Mariano Recalde, Aerolíneas requirió un subsidio de $ 1.200 millones. Tres años después, los subsidios treparon a casi $ 4.200 millones.

La política portuaria y de navegación marítima y fluvial no fue la excepción. Las inversiones prometidas en 2003 para modernizar los puertos, las dragas del Estado y para recuperar una marina mercante nacional nunca aparecieron.

Una política de transporte para la Argentina que queremos. Lo urgente y lo importante en materia de Transporte.

El sistema de transporte es esencial para el funcionamiento de un país, así como el sistema circulatorio para el cuerpo humano. De la misma manera, la estructura del sistema de transporte, que permite la movilización de las personas y de las mercaderías, resulta fundamental para garantizar la integración del territorio y el funcionamiento de la economía nacional. Un desarrollo adecuado de los transportes demanda políticas de estado integradas, adecuadamente planificadas, al frente de las cuales debe haber funcionarios solventes técnicamente, con capacidad para analizar las necesidades y las demandas más urgentes y también las que surgen de una visión de largo plazo en términos económicos, sociales, energéticos y medioambientales.

En Argentina, en las últimas seis décadas, se observa de manera sostenida, una ausencia total de políticas de transporte, de una mirada integral sobre el sistema en su conjunto. Ha existido un gran nivel de desconocimiento, discrecionalidad, amateurismo e improvisación en la administración del sistema por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación, cuando no un alto nivel de corrupción, y una marcada falta de inversión a lo largo de muchísimos años. Las consecuencias son las que tenemos hoy: un entramado vial insuficiente, colapsado y con un alto nivel de deterioro, una red ferroviaria sumamente precaria y limitada, un sistema fluvial y marítimo desarticulado y poco explotado y una esquema aéreo concentrado, que también presenta serios déficits.

Las limitaciones estructurales de nuestro sistema de transporte no admiten más dilaciones ni maquillajes. Somos un país federal y extenso que requiere para su desarrollo integral, para el bienestar de las personas y el beneficio de las economías provinciales, reformular profundamente su sistema de transporte atendiendo a su articulación local-regional-nacional desde un criterio de multimodalidad. Un país donde el Estado nacional garantice políticas integrales de transporte de calidad, que emerjan de un proceso participativo de todos los sectores de la sociedad y todos los niveles de gobierno, que responda no sólo al presente, que es urgente; sino que también proyecte una mirada a futuro, que es lo importante. Un Estado que recupere, desde la gestión de gobierno, sus funciones soberanas sobre la orientación, la planificación, el control y la garantía de la movilidad de la ciudadanía argentina. Nos lo merecemos.

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