La democracia amenazada

AmenazasJusticiaEn sus orígenes, el Estado democrático moderno emerge como regulador de las relaciones entre los particulares en un territorio determinado. Su presencia y autoridad no sólo aparece como la garantía de los intercambios sociales entre los individuos, sino que asimismo resguarda el bien más preciado de cada uno: la vida. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, y para ello se reserva el derecho legítimo de reprimir y sancionar aquellas acciones que pongan en peligro la vida o la posibilidad de ejercer libremente los derechos ciudadanos.

En las últimas décadas, hemos visto crecer la presencia de grupos organizados, vinculados a empresas ilegales, que adquieren un gran poder económico y utilizan la violencia para mantener el control sobre las actividades ilícitas que desarrollan y asegurarse la primacía en determinados territorios urbanos. El narcotráfico tiene así una expresión local, pero la posibilidad de sostenerse como una figura de poder va más allá de sus vínculos con el barrio, la ciudad, la provincia, y se apoya en una red nacional y transnacional de comercio de sustancias ilícitas.

 

El gobierno de la Provincia de Santa Fe aborda el desafío avanzando en el combate a estas organizaciones y desentrañando la trama de vínculos ilegales que sostienen al narcotráfico en los barrios de Rosario y otras ciudades santafecinas. Las recientes amenazas a los funcionarios provinciales y a los jueces que están encabezando esta batalla, son también una amenaza hacia cada uno de nosotros. Son claras señales de que se están logrando buenos resultados y se está avanzando por el camino correcto. La amenaza recae en los hombros de quienes han asumido la responsabilidad de liderar las políticas de seguridad provinciales, pero son también indirectamente una amenaza a las instituciones y al mismo ejercicio de la democracia, porque cuestionan la posibilidad de construcción de una sociedad donde los ciudadanos y ciudadanas puedan convivir en paz y en donde los jóvenes no estén expuestos al flagelo de las adicciones, de la violencia o de la criminalidad. Por eso, debemos decir presente, para defender la posibilidad de sostener una política de seguridad coherente, efectiva y consecuente.

 

Nos inquieta que estas acciones no encuentren el acompañamiento del gobierno nacional, que prioriza otros intereses en un año electoral, antes que contribuir como corresponde a preservar la seguridad de los santafecinos. Es inadmisible que los más altos funcionarios se mantengan en silencio ante las amenazas explícitas sufridas por los funcionarios de Santa Fe. ¿Qué expresa ese silencio, esa falta de acción? ¿Indiferencia? ¿Satisfacción?

 

Sabemos que el gobierno de la Provincia de Santa Fe impulsa cambios para la construcción de una política de seguridad democrática y efectiva que de respuesta a las demandas de la sociedad y permita imaginar un futuro mejor, preservando la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas en democracia.

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