Federalismo: una discusión pendiente

CoparticipaciónEl 20 de septiembre de 1880, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se sancionaba la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. Se cerraba así una larga etapa de enfrentamientos, luchas y desencuentros en los que competían diversas visiones sobre cómo organizar una Nación integrada, sin desconocer al mismo tiempo las realidades locales. La respuesta provisoria a la que se arribó en ese momento fue la construcción de un modelo federal de país, articulado en tres niveles de gobierno: el local, el provincial y el nacional. Pero ese frágil carácter inicial determinaría la fortaleza y profundidad que el proceso pudo adquirir en el tiempo.

El federalismo no es simplemente un mecanismo de reparto de recursos, sino una lectura política del territorio, de sus potencialidades. Supone poner en juego y promover la autonomía de los componentes de la Nación para garantizar un desarrollo integral, bajo el principio de subsidiariedad. Implica establecer y respetar un sistema de distribución y asignación de recursos, competencias y potestades. Pero también supone un marco de cooperación y colaboración entre los tres niveles del gobierno y entre regiones de un territorio. Entender esta naturaleza es de primordial importancia, porque en la mayoría de los temas las  responsabilidades son concurrentes, y es necesario que exista un marco de cooperación racional entre los tres niveles para que realmente se puedan desarrollar políticas efectivas, que tengan los impactos esperados. Por eso, cuando hablamos de federalismo, hablamos también de calidad institucional.

Pensar en los recursos que corresponde asignar a cada nivel del gobierno es una parte fundamental del entramado institucional que debe garantizar un país federal. Por el contrario, en Argentina, el federalismo es frágil, de baja intensidad. Existe en la letra de la Constitución Nacional y ha permitido la estructuración del país en provincias bajo un régimen de cierta autonomía, pero nunca desde 1853 ha sido real. Estamos frente a un esquema que se ha invertido. Las Provincias -por cuya voluntad la Nación se compone y a la que preceden históricamente- reciben mucho menos de lo que les corresponde y asisten pasivamente a la sistemática violación de los principios del pacto fundante.

Desde luego, una mirada solidaria, que construye pertenencia e identidad, necesariamente es federal. No se trata de recibir tanto o más de lo que se aporta, es un principio del federalismo redistribuir recursos para garantizar el desarrollo en territorios más necesitados, que de otro modo serían de difícil integración. Sin embargo, asistimos históricamente –y con un fuerte acento en las últimas décadas-a un deterioro en la ecuación y en los mecanismos de asignación de recursos en la relación Nación-Provincias.

Esta reflexión vale para el colectivo de provincias y particularmente para la nuestra. Santa Fe,  es claramente discriminada en la asignación de los recursos que la ley le asigna, en términos contantes y sonantes y en forma de obra pública, vivienda y recursos por ejemplo, de la Caja de Jubilaciones, razón por la cual hemos debido recurrir a la Corte Suprema de la Nación

En las últimas décadas, el fenómeno de la globalización ha traído como contrapartida, la revalorización de la capacidad de los gobiernos subnacionales para representar a los vecinos, para organizar la convivencia, para resolver una cantidad cada vez más importante de problemáticas, desde las más tradicionales hasta las más nuevas, que tienen que ver con la complejidad de las sociedades modernas, como la violencia, la inseguridad, las adicciones. Así, han asumido nuevos desafíos, pero en muchos casos sin los recursos y las facultades para poder afrontar ese tipo de demandas. La descentralización emprendida en la década del ’90 podría haber sido una oportunidad para corregir y revitalizar nuestro esquema federal. Sin embargo, puso el acento en la desconcentración y transferencia de funciones de la órbita nacional a la provincial y local y no contempló el principio elemental de la provisión de recursos para cubrir las nuevas obligaciones. Ello supuso profundizar estructuralmente un esquema de base inequitativo.

En un mundo donde cada día los países profundizan la descentralización y la autonomía de los estados provinciales y municipales, es fundamental avanzar en un nuevo pacto federal para democratizar al país. En lo económico esto implica  un reparto más justo de los recursos, con criterios distintos a los de la actual Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales– que aún en su injusticia no es observada en la práctica- con parámetros que tengan que ver con necesidades básicas insatisfechas, con demandas de desarrollo del territorio, contemplando a las economías regionales. La Ley fue sancionada en enero de 1988 y originalmente tenía carácter provisorio, de un año de aplicación, hasta dar una discusión más de fondo acerca de los criterios y porcentajes de redistribución así como de los ingresos que deben ser coparticipables.

Sólo una mirada cortoplacista puede decidir la asignación de lo que corresponde en función del circunstancial signo político de un gobierno. Es una paradoja que gobernantes que han llegado al ámbito nacional pasando antes por gobiernos provinciales y municipales, no se hagan eco de estas miradas. Han pasado más de 25 años desde la sanción de esta ley y en el tiempo transcurrido se ha postergado, por razones coyunturales, el abordaje de esta cuestión estructural. El perjuicio que la Nación hace a nuestras provincias no impacta  sobre sus gobiernos, sino sobre sus habitantes y sus territorios. Poder comprenderlo ayudará a madurar el escenario de una discusión que se está volviendo ineludible. Si hablamos seriamente de desarrollo, es un debate que ya no puede ser relegado.

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