Vivienda propia: mucho más que un techo

viviendaCuando la pobreza entra por la puerta el amor, las esperanzas, la seguridad y la confianza se esfuman lentamente por la ventana

Hábitat y PobrezaLos Objetivos de Desarrollo del Milenio desde la ciudad. Cuadernos PNUD – UN Hábitat

Para terminar con las situaciones de exclusión y consolidar ciudades integradas, es indispensable el impulso simultáneo y complementario de políticas sociales y urbanísticas. El objetivo central de estas políticas es hacer efectivo el derecho a la ciudadanía, una idea que engloba el derecho a la vivienda, a la propiedad, el acceso a bienes y servicios públicos y la tenencia segura de la tierra.

La problemática habitacional que afrontamos demanda dos abordajes diferenciados. Por un lado, el de la vivienda social para las familias en situación de mayor vulnerabilidad y, por el otro, el de la vivienda aquellos que teniendo un trabajo e ingresos regulares no consiguen los medios para acceder a un techo propio.

En el caso del acceso a la vivienda para la clase media y sectores populares, una de las principales dificultades está relacionada con las barreras de acceso al crédito para la adquisición de un primer inmueble, ya que en muchos casos se trata de parejas jóvenes subempleadas o en condiciones de contratación precaria. Este aspecto también afecta a jóvenes y adultos en el acceso a garantías de alquiler.

Abordar esta situación seriamente demanda establecer líneas de crédito hipotecario accesibles para este sector de la población, y desarrollar planes de vivienda para familias de ingresos medios a través de organismos del Estado o de convenios con organizaciones gremiales, a partir de formatos que permitan la capitalización y el ahorro. De igual modo, es necesario implementar mecanismos que faciliten la obtención de garantías para quienes tengan la necesidad de alquilar una vivienda, de manera ágil y transparente.

Aquí es fundamental el rol de la banca pública como recurso para la promoción de políticas estratégicas, entre las que el acceso a la vivienda es una de las principales. En este sentido, es necesario generar alternativas de funcionamiento.

En el caso de la vivienda social, la problemática abarca diversas dimensiones: el acceso a la vivienda, la mejora del entorno urbano, la regularización de los servicios y la titularización dominial.

Con respecto a la primera de estas dimensiones, se requiere por un lado promover el acceso a suelo urbanizado, identificando áreas vacantes y desarrollando las obras de infraestructura y servicios que se necesiten para su urbanización, ofreciendo lotes con servicios básicos al alcance de los sectores de menores ingresos, a través de créditos accesibles. El siguiente paso es el acceso a la vivienda, ya sea mediante estas herramientas de financiamiento como a través de la construcción compartida bajo el formato cooperativo.

La mejora del entorno urbano, por otra parte, es un aspecto fundamental con relación al progreso en la calidad de vida de los sectores vulnerables, que no sólo requieren de un techo que los cobije, sino también de un entorno urbano agradable, con servicios adecuados e integrado urbanística y socialmente a la ciudad. En este sentido, concebimos a la integración urbana como un paso indispensable hacia la integración social, la reducción de la violencia y la convivencia en armonía en las ciudades.

El desarrollo de los servicios públicos e infraestructura urbana, que conforman la tercera de estas dimensiones, representa un aspecto fundamental para que las condiciones habitacionales y ambientales tengan la capacidad de promover el desarrollo humano. No sólo se trata del acceso a servicios como energía eléctrica, agua potable, red cloacal, gas natural y alumbrado público, sino también a aquellas infraestructuras relacionadas con el esparcimiento, la salud, la educación, el deporte y la cultura.

Por último, una política de vivienda y hábitat progresista, sólo alcanzará todo su potencial transformador sobre la vida de las personas al momento de otorgarle la mayor seguridad que una familia puede tener, bajo la forma de su título de propiedad. Este es un salto fundamental en la vida de aquellas personas que han padecido la inseguridad y precariedad habitacional. El derecho a la vivienda no está satisfecho sin la posesión segura de la propiedad, al alcanzar este objetivo las personas superan el temor al desamparo, recuperan su dignidad y su capacidad de planificar un futuro mejor.

Para avanzar fuertemente sobre estos lineamientos, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe creó en 2011 la Secretaría de Estado del Hábitat que hoy desarrolla junto a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo iniciativas de gran alcance entre las que se destacan el programa “Mi tierra, mi casa” y el “Plan Abre”. De igual modo, instituciones locales como el Servicio Público de la Vivienda de Rosario constituyen iniciativas pioneras y vanguardistas, que deberían replicarse en otros centros urbanos para trabajar junto a estas instituciones en el desarrollo de los programas de hábitat y vivienda.

En este sentido es fundamental el rol promotor, planificador y articulador de un gobierno provincial. Hacia abajo, trabajando junto a los municipios y comunas que conocen en detalle la realidad y necesidades de su población; pero también hacia arriba, poniendo el esfuerzo de los programas provinciales en sintonía con las iniciativas del gobierno nacional y reclamando con firmeza una distribución más justa y federal de los fondos destinados a políticas habitacionales. Para que cada familia santafesina pueda acceder a una vivienda digna y en un entorno urbano adecuado.

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