Garantizar la educación inicial

unnamedEn 2012, ministros de Educación de todo el país asumieron el acuerdo de alcanzar en el año 2016 la inclusión de todos los niños y niñas de 4 años en el sistema escolar. Con esta medida ratificaron lo establecido por la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, que dispone que “el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños y niñas de cuatro años de edad”.

Este compromiso quedó plasmado de manera definitiva en diciembre de 2014 con la sanción de la Ley Nacional Nº 27.045 que hace obligatoria la educación inicial desde los cuatro años. La iniciativa promulgada en enero pasado, jerarquiza este nivel educativo que “constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños desde los 45 días de vida hasta los 5 años, siendo obligatorios los dos últimos”. Esta institucionalización del nivel inicial representa un hecho de gran relevancia para un sistema educativo como el argentino que si bien ha logrado desde su fundación una constante expansión en el nivel primario, aún refleja altos índices de niños, niñas y jóvenes no escolarizados en sus extremos, es decir en los tramos inicial y superior.

En la base de estos acuerdos aparecen algunas ideas implícitas de las que pocos se atreverían a renegar, al menos en voz alta. Entre ellas, la noción de que infancia es sociedad civil, ciudadanía: los niños y niñas son sujetos plenos de derechos, plenos en capacidades de búsqueda, de indagación y de transformación del mundo. Garantizar el derecho a la educación en la primera infancia es una prioridad en el trayecto de lograr que todos los niños y niñas puedan apropiarse de las herramientas necesarias para explotar al máximo estas potencialidades.

Los programas de educación temprana tienen efectos positivos y multiplicadores sobre el desarrollo de los niños y niñas: fortalecen las competencias expresivas en la gran diversidad de lenguajes disponibles, permiten la construcción de formas de estar con y junto a otros, y generan las bases que permiten continuar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. A su vez, los beneficios de los programas de educación inicial se observan no sólo en términos individuales, sino asimismo en términos comunitarios: reducen las diferencias de oportunidades entre los sectores sociales y permiten un estrechamiento de lazos de las familias y demás actores de la comunidad.

No obstante, a pesar de estos amplios consensos, se ha avanzado muy poco en garantizar la universalización de la educación en la primera infancia. Esto ha incidido en la tendencia a la privatización de los servicios y en la expansión del sector no formal, con efectos negativos en términos de equidad social que repercuten sobre las familias con menos recursos. A ello debemos sumar la fragmentación que se genera en la década de los 90 con la descentralización del sistema educativo –proceso del que formaron parte muchos actores que hoy promueven una “re” nacionalización de la educación–. La implementación de la obligatoriedad de la sala de 5 años con la ley federal de educación quebró la unidad del nivel, ya que frente a un escenario de escasez de recursos algunas jurisdicciones optaron por la apertura y sostenimiento de las salas de 5 años, en detrimento de las de 3 y 4 años.

Esta diversificación implicó una gran segmentación de las ofertas en términos de profesionalización, infraestructura y orientaciones de las propuestas educativas. El “cómo” del trayecto por la educación inicial no fue, ni es, similar para todos los chicos argentinos. Por ello, una primera pregunta que es necesario abordar en la perspectiva de universalización es cómo se construyen no sólo más espacios para la educación inicial, sino asimismo parámetros comunes que garanticen condiciones de equidad para todos los grupos sociales. Esto supone no sólo la construcción de acuerdos en el marco del Consejo Federal de Educación –cosa bien importante– sino buscar y proyectar políticas integrales que atraviesen todas las áreas del Estado.

Los objetivos educativos, asistenciales, compensatorios están presentes en todo enfoque integral. No obstante, la articulación de estos objetivos suele ser una demanda que desborda a las instituciones educativas, y por lo tanto, requiere de una articulación con otras políticas e instituciones.

Por otra parte, construir parámetros de equidad no supone borrar las huellas de la pluralidad cultural y social que constituyen la identidad de cada niño y niña. En la medida en que no existe una única forma o camino para la infancia, es necesario que los programas comprendan su abordaje considerando la diversidad. El sistema debe ser lo suficientemente flexible para permitir configurar propuestas de acuerdo al contexto y necesidades de la población.

Finalmente, la escolaridad inicial es todavía un fenómeno eminentemente urbano, lo que se desprende tanto de la escasa matrícula como de la exigua cantidad de secciones en las zonas rurales. Las diferencias sociales y territoriales se combinan haciendo que los sectores que viven en las áreas rurales de las jurisdicciones más pobres sufran doblemente la desigualdad educativa. Abordar las inequidades geográficas es otro de los principales desafíos para la agenda educativa en el nivel inicial.

Las oportunidades para enfrentar estas problemáticas e imaginar y crear estrategias de acción son infinitas para el tramo inicial del nivel educativo, aún en incipiente construcción. Es necesario que todos los actores de la comunidad educativa participen de un debate abierto donde los consensos generados transiten desde la formulación de macro objetivos hacia la construcción de políticas públicas concretas, integrales. Así, será posible transitar el camino para ir desde el escenario actual, hacia aquel definido por los Ministerios de Educación de todo el país, al asumir la obligación de universalizar la sala de 4 años.

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